Como Estado parte de la ONU, Colombia asumió la Agenda 2030 con el mismo interés que lo hizo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En febrero de 2015 el Gobierno colombiano dictó el decreto 280 mediante el cual se creó la Comisión de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda 2030 y sus ODS.

Esta Comisión representa a la institucionalidad en su conjunto y se constituye en el espacio formal de seguimiento y toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda 2030 para adoptar políticas públicas, planes, acciones y programas con enfoque prospectivo que garantice la participación ampliada en lo social, ambiental y proceso económicos del desarrollo sostenible.

Si bien estos ODS no son, jurídicamente, obligatorios, el propósito es que los países firmantes los asuman como propios y los incorporen a sus propias agendas internas de desarrollo sostenible, definido por la ONU como “el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Ello implica la armonización de tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Desde la Cumbre de Rio+20 solamente se ha realizado una evaluación global de los ODS, y fue precisamente en 2019 para medir el impacto que ha tenido la Agenda 2030 en 24 países de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el documento que reveló en esa oportunidad el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes, Colombia ocupó el noveno lugar con un puntaje de 64,78% de cumplimiento con base en la evaluación de 96 indicadores.

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